Eduardo Sanz García. Trabajador social, terapeuta familiar. Director de la Empresa de Inserción Ilundain. Fundación Ilundain.
En España la educación es un derecho
fundamental que supone la base de un modelo social que debería garantizar la
igualdad de oportunidades a sus ciudadanos y ciudadanas. Para muchas familias
en situación de exclusión social la educación es el único camino que les queda
para romper estas dinámicas. La expectativa de mantener o mejorar el estatus
familiar comienza a partir del mayor o menor grado de aprovechamiento
académico. Sin embargo el abandono escolar es ya un fenómeno estructural de
nuestro modelo y uno de cada cuatro jóvenes se desvincula en España del sistema
educativo. Estas personas habitualmente se ven afectadas por diferentes
dificultades personales y familiares que cristalizan a lo largo de su adolescencia.
Problemáticas que no han elegido y que nuestro sistema educativo no es capaz de
abordar.
No finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) supone la pérdida de gran parte de las oportunidades
laborales y conduce a una suerte de estatus social marcado por la precariedad
laboral y económica. Será costoso y difícil revertir este problema durante
décadas. En muchos casos estas personas iniciarán a su vez diferentes
dinámicas de exclusión social. Fracaso y abandono escolar son términos que
culpabilizan y responsabilizan a estas personas y suponen un estigma con el que
tendrán que vivir.
Las últimas investigaciones del Instituto
Nacional de Estadística son muy claras al respecto: nuestro sistema educativo
no solo no lucha contra la pobreza y la exclusión, sino que la perpetúa.
Existe una transmisión intergeneracional de la pobreza. El nivel educativo y
económico de las familias condiciona el nivel educativo al que pueden aspirar
sus hijos e hijas.
Esta situación nos debería llevar a una
importante reflexión ética como sociedad respecto a la igualdad de
oportunidades. Sin embargo nuestro modelo educativo olvida la diversidad y
tiende a la excelencia por sistema. Se encuentra en total sintonía con un
modelo de sociedad neoliberal que perpetúa la desigualdad de forma estructural.
El sistema educativo actual atiende a la
diversidad con pocos recursos, separando a quienes más necesidades tienen y
excluyendo lo diferente. Tras la crisis económica se recortaron 10.000 millones
de euros en educación que afectaron directamente a apoyos y equipos de
orientación dirigidos a los alumnos y alumnas con más necesidades. Ahora nos
toca abordar los efectos de negar el pan y la sal a aquellos que más lo
necesitan.
Conviene tratar estos recursos en términos
de prevención y ahorro económico: Eurofound monetizaba hace ya unos años el
coste del fracaso escolar español en términos de no participación de la economía
y gastos sociales (sanitario, penitenciario…) calculando que la desvinculación
formativa supone en España alrededor de 15.700 millones de euros anuales. Cada
euro dedicado en educación y prevención revierte multiplicado por 10 a la
sociedad.
Incidir en el momento de la juventud es
clave y genera un punto de inflexión que invierte la tendencia. Abordar estas
dificultades a través de itinerarios de orientación, formación y
acompañamiento al empleo permite frenar estas dinámicas de exclusión social.
Supone una fórmula de éxito contrastada a través de diferentes proyectos
sociales en todo el Estado. A pesar de esto este tipo de recursos no son
estables ni están garantizados de forma estructurada en ninguna comunidad. Es
necesario consolidar estos recursos para ofrecer una respuesta integral,
trabajando la prevención de necesidades futuras. Con este objetivo muchos
proyectos sociales de todo el estado se han alineado en una Asociación Nacional
denominada “Escuelas de Segunda Oportunidad”. Entidades que comparten
objetivos comunes, que apuestan por la cohesión social y la igualdad de
oportunidades para las personas más vulnerables: jóvenes con mucho potencial
en busca de oportunidades de futuro.
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