De la integración a la inclusión

Manuela Muro Ramos. Presidenta de Aspace-Rioja.

La educación es un derecho de todas las personas subrayado en cada una de nuestras leyes: es in­discutible. Y sin embargo, nos pre­guntamos a veces si la legislación que afecta a la educación y las personas con discapacidad, cuyo exponente fundamental es la ac­tual Ley Orgánica de Educación (2006), sea más un entramado de buenas intenciones, siempre un paso por detrás de la realidad cambiante y siempre remiso a dar carta de naturaleza a los nue­vos conceptos acuñados en citas trascendentales para el futuro de la educación de las personas con discapacidad.

Conceptos como el de la “integra­ción” nacido en la Declaración de Salamanca (1994), texto de refe­rencia que defiende la necesidad de actuar con miras a conseguir escuelas que incluyan a todos los alumnos: escuelas integradoras que celebren las diferencias, res­palden el aprendizaje y respon­dan a las necesidades de cada uno de los alumnos, capaces de ofrecer a todos una educación de calidad, en las que la diversidad ha de ser elemento enriquecedor y no discriminatorio.

Trayectoria defendida también en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (diciembre 2006) que tuvo la virtud de generalizar la concepción de la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos y desde la construcción de una sociedad que acepta y valora la discapacidad como ele­mento enriquecedor de la convi­vencia al enfatizar la autodetermi­nación, integración e igualdad de derechos de cada individuo con discapacidad.

Después de tantos años, la visión actual de la discapacidad subraya las posibilidades de la persona, no sus limitaciones y advierte de que depende no tanto de su déficit or­gánico como de su interrelación con el entorno físico, social y cultu­ral que le rodea. Por eso, aceptan­do que cada uno es único y espe­cial, con necesidades singulares, el sistema escolar debe adaptarse a las necesidades de cada cual, a sus capacidades y a sus intereses para poder desarrollar al máximo el po­tencial de todos.

Por eso hay que pasar de la in­tegración a la inclusión, no es el alumno el que tiene que adaptar­se al centro, sino que es el centro el que debe hacer todo lo nece­sario para conseguir que tenga el mismo derecho a la educación que el resto de sus compañeros.

Garantizar la escolarización de las personas con discapacidad es básico; imprescindible también la accesibilidad en todos los senti­dos, pero para lograr una efecti­va incorporación a la comunidad educativa, a la comunidad social, es imprescindible la participación de todos promoviendo la forma­ción de profesores y padres, y tra­bajando en un proyecto común entre administraciones, institu­ciones o asociaciones. No es una tarea individual y hay que hacer políticas específicas que reactiven esta inclusión y que logren un ma­yor alcance. No basta la sensibi­lización, hace falta coordinación, recursos y medidas, para lograr de estos estudiantes el desarrollo máximo de sus posibilidades.

En este momento, la sensación es que todo está a medias en este tránsito de la integración a la in­clusión a pesar de los progresos conseguidos. Y en este largo ca­mino, en este reto, el mundo aso­ciativo tiene una responsabilidad importante.