¿Por qué existe violencia contra las mujeres?

Ana Calvo Álvarez. Educadora social de Fundación Pioneros y psicóloga experta en violencia de género.

Resulta complicado entender de dónde surge la violencia contra las mujeres en un contexto en el que se censura la desigualdad gracias a las diferentes leyes (formales) que condenan las manifestaciones vio­lentas. Para entender con qué idea correlaciona la violencia de género, Ana de Miguel explica que “cuando hacemos algo es porque pensamos que es positivo o bueno. Si no lo conceptualizásemos como tal, no lo haríamos”. Cuando un hombre pega a una mujer es porque ha definido positivamente esa acción y se cree con derecho a realizarla. Definir fa­vorablemente una acción como “se lo merece” o “me duele a mi más que a ti” implica acabar creyendo-te con derecho a agredir a una mujer, en este caso.

Entendiendo el fenómeno…

El comportamiento de una persona racista comparte los mismos ele­mentos que un hombre que agrede a una mujer. Es decir, una agresión por motivos racistas implica una ideología que la sustenta. A pesar de que no se llegue a materializar, a pesar de que no se llegue al acto (agresión), existe una ideología que la sustenta. ¿En qué se basa el com­portamiento que justifica el colo­nialismo? En la ideología de la supe­rioridad y adherencia a una serie de privilegios. En el caso de la violencia contra las mujeres, en el machismo o patriarcado. Pero ¿cómo es posible que hombres pudiendo hacer uso de tales privilegios no los ejerzan? Según Esperanza Bosch, depende de “tomas de conciencia: ¿quiero ser ese tipo de hombre?”... El hombre que no se aprovecha de ellos y que se cuestiona la legitimidad de su uso re­presentaría el 3% de los hombres eu­ropeos que se pueden definir como igualitarios. Sin toma de conciencia no hay avance. Este es el gran reto. Si las leyes ya mencionadas fueran rea­les, no hablaríamos de más de 9 mi­llones de mujeres europeas víctimas de violación o de que una de cada 5 españolas de más de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual (datos reflejados en el informe que España encargó a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, FRA en el 2010 y que se han publicado re­cientemente). Estos datos muestran que cambios relativos a la igualdad entre los sexos son “más cosméticos que reales”. Esperanza Bosch señala además que “la vigencia de los mitos del amor romántico correlacionan con la tolerancia de la violencia en las relaciones de pareja, visión reforzada por el entorno y hecho que evidencia que la sociedad no percibe la grave­dad del tema”.

¿Dónde estamos hoy?

Si comparamos nuestra vida con la de nuestras abuelas el balance es positivo. Hoy se puede hablar de mujeres empoderadas, de mu­jeres en el espacio público, de co­rresponsabilidad, etc. Si miramos hacia atrás podemos estar conten­tas, pero no tendríamos que estar satisfechas. Deberíamos plantear­nos cómo estamos en relación a los hombres. Hoy resultaría motivo de censura que un profesor mantu­viera un discurso sexista en el aula, pero en el ámbito de la creación artística, la ficción, series de TV, canciones de rap, coplas, juguetes, cuentos infantiles, el mundo de las princesas y el rosa y el azul, etc. no se dejan censurar.

Los errores fundamentales en tor­no a la igualdad tienen que ver con IGUALARSE CON en vez de IGUA­LARSE ENTRE. La igualdad no pasa por hacer las mismas cosas hombres y mujeres o equiparar los riesgos de unos a otras, la igualdad tiene que ver con la igualdad de trato, de oportunidades, significados, poder y valor. Si no se da alguna de estas ca­racterísticas, hay discriminación.

No somos idénticos pero podemos ser iguales en derechos y opor­tunidades. Caminaremos hacia la igualdad si evitamos la socialización sexista y cuando entendamos que no hay cosas de chicos o de chicas, sino que son “patrimonio de la hu­manidad” (Elena Simón). Para esto es fundamental educar en la com­patibilidad de roles. Queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La sociedad española está todavía impregnada de estereoti­pos y roles de género que colocan a las mujeres en una posición de des­ventaja con respecto a los hombres y dificultan el disfrute completo de sus derechos. El proceso es difícil y largo porque los cambios culturales necesitan de décadas. Por eso es importante apoyar las medidas que hagan posible la presencia de las mujeres en los espacios públicos y la toma de decisiones.

Reforma de la Ley penal del menor II

Javier Navarro Algás. Gerente de Fundación Pioneros.

Pienso que en círculos profesiona­les se considera que la actual Ley es útil en la gran mayoría de los casos al destacar como uno de sus principios rectores el interés supe­rior del menor y combinar la res­puesta penal con la educativa. Por supuesto, también es mejorable en otros aspectos como, por ejemplo, la inmediatez en la aplicación de las medidas judiciales o un mayor uso de la mediación extrajudicial.

Me gustaría insistir en que abor­dar la cuestión desde un enfoque educativo no quiere decir restar importancia al delito o ignorar el sufrimiento provocado. Bien al contrario, creo que es necesario que los menores sean conscientes del daño que han causado a sus víctimas y que lo afronten con res­ponsabilidad.

Ahora bien, tan solo un porcentaje muy pequeño de los casos preci­san de un internamiento en centro cerrado y solo en contadas excep­ciones la gravedad y crueldad del delito son tales que trascienden a los medios de comunicación. Es por ello por lo que al plantearse una reforma de la Ley ha de re­flexionarse desde una perspectiva de conjunto y con el apoyo de da­tos contrastados.

Creo que está aceptado que la cár­cel, pese a las ingentes cantidades económicas invertidas en ella y al esfuerzo de muchos funcionarios de prisiones y otros profesionales y voluntarios que intervienen en ella es, como respuesta reeducativa, un fracaso. Por ello debiéramos poner mucho cuidado en que un modelo que no funciona en adultos inspire la manera de hacer las cosas con los menores.

Así, medios de comunicación es­critos y audiovisuales han puesto de manifiesto actuaciones con me­nores que deben ser cuestionadas porque están lejos de ser educati­vas. Ente ellos, el programa “Docu­mentos TV: Menores y guardianes”, producido por Televisión Española, el corto “La Tama”, galardonado por Telemadrid o el informe del Defen­sor del Pueblo.

El hecho de que muchos menores con medida judicial provengan del fracaso escolar y un buen número hayan pasado por instituciones de protección debe conducirnos a formular nuevas propuestas de actuación si queremos mejorar. Y a plantearnos qué modelo de socie­dad estamos construyendo ya que cada vez hay más jóvenes que no encuentran su espacio en ella.

Muy a menudo exigimos integra­ción y responsabilidad a menores que tienen que hacer frente en soledad e ignorancia a todo un universo de desprotección emo­cional, económica y de medios de promoción social, a veces en entornos de negligencia, permisi­vidad e incluso maltrato. También exigimos a las familias compro­miso cuando no han recibido ni la educación ni las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y no solemos preguntarnos qué ex­perimentaríamos como padres si nuestra hija o hijo cometiese un delito.

Finalizo insistiendo en la misma idea que cerraba la primera par­te: El reto consiste en buscar con­sensos a partir de experiencias y modelos educativos exitosos asumiendo nuestra parte de res­ponsabilidad en el problema. Y la meta, proponer respuestas efica­ces y justas que respeten nuestra dignidad como sociedad.

Reforma de la ley penal del menor I

Javier Navarro Algás. Gerente de Fundación Pioneros.

El origen de la profesión del educa­dor social se remonta a mediados del siglo XX cuando, en el contexto de la II Guerra Mundial, muchos ni­ños, adolescentes y jóvenes deam­bulaban huérfanos por Francia y Alemania, frecuentemente come­tiendo delitos. Profesionales de ambos países, enemigos durante seis años, crearon una asociación que sirviera para restañar heridas, crear nuevos lazos de amistad y afrontar en común el reto de dar una respuesta a la infancia y juven­tud en conflicto.

Desde entonces, la sociedad ha avanzado muchísimo en el trata­miento de esta problemática. Se crearon instituciones para proteger a los menores, la educación social tuvo reconocimiento universitario, la justicia juvenil su propia sus­tantividad -diferenciada de la de adultos-, y se ha avanzado en la creación de un cuerpo de justicia juvenil internacional. En resumen, se pasó de la idea primitiva de res­ponder a los delitos castigando a una nueva basada en la educación y en la responsabilización.

Por eso, cuando en España se está hablado de un endurecimiento de la Ley de penal del menor en determinados supuestos, los res­ponsables políticos reconocen si­multáneamente la importancia de trabajar en medidas educativas y preventivas. Este enfoque es un lo­gro de toda la sociedad.

Mientras escribía este artículo es­cuché una entrevista con la directo­ra Icíar Bollaín. Refiriéndose a uno sus largometrajes, “Te doy mis ojos”, con el que ganó el Goya a la mejor película en el año 2003, explicaba los miedos de su guionista y de ella misma en el tratamiento de la vio­lencia contra la mujer, al descubrir que el terrible drama del maltrato nacía en contextos muy comple­jos, y que los maltratadores eran también personas cuyo compor­tamiento era preciso comprender, naturalmente sin justificar.

Finalizaba Icíar Bollaín diciendo que por más que endurecemos las leyes, el problema del maltra­to a las mujeres no se soluciona, y que la educación tiene mucho que ver con ello. Como profesional del mundo educativo, comparto su mismo punto de vista sobre el en­durecimiento de las leyes aplicado a la justicia juvenil.

Además, mi experiencia me dice que una misma medida judicial, independientemente del grado de dureza que entrañe, puede tener un efecto benéfico o, bien al con­trario, contribuir a empeorar la si­tuación. Depende en gran medida de quién y cómo la emplee. La cla­ve del asunto está en la inteligencia y comprensión de lo que la situa­ción exige, más que en la dureza a aplicar.

Imponer a una persona un largo periodo de privación de libertad, incluso una cadena perpetua re­visable, es una decisión que pone a prueba la dignidad de la propia sociedad. Por ello debiéramos es­tar seguros de que al término de esa pena la persona que ha delinquido habrá tenido la oportunidad de lle­var a cabo los cambios necesarios para relacionarse bien el día en que se reincorpore a la sociedad.

En resumen, me parece esencial la búsqueda de un consenso al abor­dar la reforma de la Ley. Necesita­mos tomar como referencia mo­delos de educación y reeducación exitosos y las mejores prácticas que ayuden a las personas a tomar la responsabilidad de sus vidas.