La nueva ley de Formación Profesional

ODS 4: Educación de calidad

José Antonio Eyre Lorenzo. Abogado.

En el Consejo de Ministros, celebra­do el día 7 de septiembre de 2021, se apro­bó el anteproyecto de la esperada “Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profe­sional”.

Y digo esperada porque parece que a la formación profesional siempre se le ha considerado en nuestro país la “pariente pobre” como sali­da laboral para muchos jóvenes.

A partir de esta aprobación se pa­sará como proyecto a las Cortes en el cual los distintos grupos parla­mentarios tendrán la oportunidad para poder aportar enmiendas y en definitiva mejorar el texto. Sería deseable que, una norma de estas características, finalmente, fuere aprobada por la mayoría de esos grupos parlamentarios con presen­cia en el Congreso de los Diputa­dos.

Bien es verdad que casi toda la competencia referente a Educa­ción y Formación se encuentra traspasada a las Comunidades Au­tónomas, alguna de las cuales ya tienen su propia normativa sobre esta materia. Pero lo cierto es que, una ley general que regule para toda España la formación profesio­nal es necesaria -a mi juicio-, para que se establezca un común deno­minador en los objetivos a cumplir.

Bien es verdad que ha existido an­teriormente algún texto normativo que ha regulado parcialmente esta materia pero que al parecer, según el proyecto de ley que nos ocupa, no ha ofrecido una respuesta eficaz a las necesidades y al modelo que la nueva economía requiere pues hasta ahora habían existido dos sis­temas: la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo, es decir dos subsistemas destinados a dife­rentes colectivos, sin relación entre ellos, lo que supone una fuente de limitaciones importantes en la cua­lificación y recualificación profesio­nal en España.

En todo caso en su “Preámbulo” ya se indica que se necesita con urgencia -en el mundo del trabajo y en nuestro país-, un mecanismo que ayude a aproximar demanda y oferta de trabajo siendo que la ele­vada tasa de empleo juvenil espa­ñola desciende más de cinco veces entre titulados de formación profe­sional. Para ello se dice que el buen fin de un sistema de formación pro­fesional eficaz exige una estrecha alianza, cooperación y confianza entre tres actores: autoridades edu­cativas y profesores, empresas y fa­milias. Esta alianza entre estos tres actores es importante en especial cuando se habla de la formación profesional dual.

Al mismo tiempo se indica que la urgencia de la reforma radical de la formación profesional viene en cierta manera motivada por la oportunidad que ahora represen­tan los llamados Fondos Europeos “Next GeneraTion UE” en la medida en que servirán para financiar el nuevo sistema que al respecto se desea implantar. Para ello la Ley decide incorporar las transforma­ciones fruto de la digitalización y la economía verde y la sostenibilidad en todos los sectores económicos, como vectores clave del empleo, la economía y la sociedad para cons­truir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas y, consecuentemente, profesionales.

Quien esto suscribe no desea en­trar en más detalles sobre este pro­yecto de ley en materia de forma­ción profesional, en la medida en que este solo ha iniciado su anda­dura en el proceso de aprobación legislativa y, por lo mismo, lo más probable es que el texto finalmen­te sufra modificaciones sustancia­les en su contenido con la aporta­ción la comunidad educativa y de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria.

El único deseo es que el texto final sea el resultado del más amplio consenso posible porque la educa­ción y la formación profesional han de ser tratados como una cuestión de estado y no una cuestión parti­dista. Los jóvenes españoles solo esperan, de todos los actores, la necesaria altura de miras.