Javier Navarro Algás, gerente de Fundación Pioneros
El día 5 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el
II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, hecho que
pasó bastante desapercibido en los medios de comunicación, lo cual equivale prácticamente
a decir que para la sociedad en general.
El Plan refleja un laborioso trabajo de diseño, recogida de
información y coordinación de muchos agentes, entre los que se citan al
Observatorio de la Infancia, Defensor del Pueblo, Comité de Derechos del
Niño, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y tiene como principios normativos la Convención sobre los Derechos
de la Infancia y diversas recomendaciones de organismos internacionales.
Destaca en el documento la perspectiva holística que
integra servicios sanitarios, educativos, vivienda, entorno favorable, y un
marco conceptual que insiste en derechos, responsabilidades y obligaciones, en
el enfoque de derecho y en la promoción de un pacto educativo nacional.
El documento desgrana otras líneas de trabajo como disponer
de unos medios de comunicación de calidad y la regulación de los contenidos a
los que acceden los niños y niñas a través de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías; la potenciación de las soluciones familiares frente a
las institucionales, y las permanentes frente a las temporales; el principio de
participación que se traduce en el derecho de todos los niños a ser escuchados
y recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones
fundadas con conocimiento de causa; la necesidad de fomentar estilos
parentales y educativos que propicien el diálogo y la participación desde las
primeras etapas de la vida, pasando por la participación escolar y municipal;
la cooperación y coordinación de los distintos agentes implicados en
garantizar, promover y defender los derechos y responsabilidades de la infancia
y adolescencia.
Quizá la ambición teórica del documento contrasta con las
dificultades para gestionar eficazmente las medidas propuestas. Es un lugar común
que en España se legisla muy bien, aunque después esas leyes no se cumplan en
la misma manera.
El Plan expresa que se precisa una traducción presupuestaria
de las líneas de trabajo propuestas, y señala que en momentos de crisis
económica es necesario subrayar la importancia que tiene la inversión en
infancia porque es la que presenta mayores efectos positivos, que invertir en
infancia es fundamental para romper el círculo de la pobreza y reducir las desigualdades
existentes en una sociedad.
Por ello recomienda reforzar el sistema de prestaciones
familiares, con especial atención a las familias monoparentales, las que tienen
muchos hijos y aquellas cuyos padres están desempleados. Señala que el gasto social
en protección familiar en España sigue siendo uno de los más bajos en la Unión
Europea y que las cifras de pobreza relativa y de pobreza infantil son muy
preocupantes en nuestro país.
Pienso que los diferentes agentes involucrados directamente
en educación -padres, profesores, educadores, trabajadores sociales, médicos,
etc.- tenemos el reto de establecer alianzas, trabajar en redes, ofrecer
diagnósticos acertados, establecer consensos en las medidas a aplicar. Y los
responsables institucionales -técnicos y políticos- de escuchar a la sociedad
civil y actuar con perspectivas a medio y largo plazo.
Trabajar con niños, adolescentes y jóvenes nos mantiene en
contacto con la vanguardia de lo que sucede en la sociedad y con el futuro más
próximo. El poco compromiso con el mundo adulto que en ocasiones les
reprochamos, su apatía y rebeldía bien podría ser una respuesta a un modelo de
sociedad que no se fundamenta en valores.
Si además consideramos la urgencia del momento que la
sociedad atraviesa, este Plan me parece una magnífica oportunidad para participar
y ejercer nuestra responsabilidad social, respondiendo al imperativo ético y
comunitario presente en cada persona.